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Legados a golpe de clic

Los 22 fondos que atesora la Fundación Caja Mediterráneo se abrirán al mundo gracias al convenio firmado con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes para digitalizar la documentación y difundirla

Son 120.000 documentos y objetos los que atesora el Centro de Legados de la Fundación Caja Mediterráneo en Alicante. Un fondo de gran valor que se ha ido forjando a lo largo de medio siglo pero que, a falta de su digitalización completa, está al alcance de unos pocos. Una situación que cambiará en breve tras el convenio marco firmado ayer entre esta entidad y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Este acuerdo permitirá que los legados de autores como Azorín, Carlos Arniches o Gabriel Miró; músicos como Óscar Esplá y Jaume Mas Porcel; pintores como Emilio Varela o Eusebio Sempere; científicos como Jorge Juan o arqueólogos como Francisco Figueras Pacheco, se pongan a disposición de más de diez millones de personas en todo el mundo, que es la cifra de usuarios que atrae la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cada año.

El convenio que rubricaron ayer el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer, contempla la difusión del patrimonio bibliográfico cultural en distintos formatos y el aprovechamiento de los fondos digitalizados a través de proyectos de investigación conjuntos. Con esto se facilitará el acceso más eficiente a los recursos bibliográficos, además de la difusión y promoción artística y cultural con el desarrollo de actividades conjuntas.

La BVMC realizará con esos fondos pequeñas secciones dedicadas a cada legatario, para luego crear un portal general de legados que lleve al formato digital el Centro de Investigación y Documentaciónque esta desarrollando la Fundación Caja Mediterráneo, para difundir su patrimonio documental en general y de sus legados en particular.

El primer movimiento de la Miguel de Cervantes será realizar un inventario para ver lo que ya se ha digitalizado y en qué condiciones técnicas está para que todos los legados se ofrezcan en las mejores condiciones tecnológicas de digitalización y puedan ser consultadas en todo el mundo.

Tal como apuntó Luis Boyer, «la Fundación Caja Mediterráneo tiene la voluntad y el compromiso de custodiar y difundir el patrimonio intelectual y artístico de los legatarios». En este sentido, añadió que «el objetivo primordial de nuestra entidad es poner esta documentación a disposición de los investigadores y de la sociedad en general, y por eso es un orgullo poder colaborar con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, institución de referencia en la digitalización y difusión del patrimonio cultural».

Para el rector de la UA, Manuel Palomar, «la inclusión en la Cervantes de los fondos de la Fundación Caja Mediterráneo supone un incremento cualitativo considerable de la oferta de contenidos de la biblioteca virtual que se desarrolla en la UA». Esto, destacó, «la hace mucho más atractiva para los estudiosos e investigadores que acceden a ella desde una larga nómina de países, especialmente los iberoamericanos».

El proyecto de llevar a la BVMC el Centro de Legados se estima a medio plazo, ya que hay que adaptar los fondos al sistema digital de esta entidad y empezar a trabajar para su inclusión a través de diferentes portales específicos para cada legatario y posteriormente englobarlos en uno solo.

Son 22 legados los que la Fundación Caja Mediterráneo custodia en el centro ubicado junto a la Biblioteca Gabriel Miró. El proyecto de renovación del Centro de Legados permitirá mostrar al público parte de esos fondos en el espacio de la antigua sala de lectura de la Biblioteca Gabriel Miró.

La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se creó en el año 2000 y cuenta con el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa como presidente del patronato. Es esta entidad la que es responsable de la gestión de la BVMC, ademas de la Cátedra Vargas Llosa y también el Centro de Competencia en Digitalización Impact.

La Biblioteca Virtual de la Universidad de Alicante comenzó a funcionar en 1999 como una iniciativa conjunta con el Banco Santander y la Fundación Botín, y en 2013 consiguió el Premio Stanford para la Innovación en Bibliotecas de Investigación.

Fuente: diarioinformacion.com

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Archiveros y expertos en patrimonio quieren frenar la destrucción de miles de expedientes del COAM

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), responsable de la custodia de los expedientes arquitectónicos de Madrid junto a las administraciones locales, se queda sin espacio para guardar todo su pasado en papel. Para reducir los costes de mantenimiento de su extenso archivo documental tiene previsto eliminar cerca de 515.000 visados de entre los años 1973 y 1995. Una noticia que para algunos colegiados, archiveros y expertos en patrimonio es un auténtico error.

Tal es su indignación que un grupo de socios del COAM críticos con la decisión, ADN COAM, han iniciado una campaña de recogida de firmas en Internet para salvarlos de la destrucción. No comprenden que una acción que supone un ahorro de “ocho euros al año a cada colegiado” compense la pérdida que supone la desaparición de esos documentos, necesarios para la construcción de un edificio o el estudio de su pasado, por ejemplo.

En su opinión la conservación de esos expedientes es una obligación de los profesionales de la arquitectura y, aunque comprenden que no se pueden conservar todos los expedientes del archivo del COAM, sí que piden que se expurguen con criterios patrimoniales. Otros profesionales y expertos en patrimonio van más allá y piden que se recurra a las nuevas tecnologías.

“A día de hoy, cuando la digitalización de documentos es cosa habitual e imprescindible, el COAM plantea hacer desaparecer el ejemplar que custodia de los trabajos de muchos de sus colegiados sin una digitalización previa”, lamenta Amparo Berlinches Acín, de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP).

La presidenta de MCyP también señala en una nota de prensa que la destrucción del archivo del COAM podrá llevarse a cabo con la “autorización expresa” de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es la ORDEN 4831/2016, de 7 de diciembre, publicada en el BOCM número 1 del 2 de enero de 2017, la que regula las tablas de valoración y autoriza su eliminación.

Desde el COAM recuerdan a sus colegiados que quienes estén interesados pueden retirar sus expedientes de visado comprendidos entre los años 1975 y 1995 siguiendo las instrucciones que se indican en la página web del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. También podrán recuperar estos documentos las administraciones locales de la región.

¿Qué documentos se van a conservar?

  • Los expedientes posteriores a 1999, salvaguardando los plazos de la responsabilidad civil del colegiado debido a la ejecución de cada trabajo.
  • Un mínimo estadístico del 10% de los expedientes generados anualmente.
  • Expedientes completos relacionados con Bienes de Interés Cultural.
  • Expedientes completos relacionados con edificios protegidos por el vigente Catálogo del PGOUM y el avance de su modificación.
  • Expedientes completos relacionados con edificios incluidos en las Guía de Arquitectura COAM.
  • Intervenciones de los arquitectos censados en el Servicio Histórico del COAM.
  • Todos los documentos incluidos en los legados de arquitectos cedidos al COAM.
  • Los documentos de la aplicación de gestión Visado Telemático.
  • Todos los archivos custodiados a través de la Fundación Arquitectura COAM.

Fuente: somoschueca.elperiodico.com

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Admiten errores en la custodia del informe del accidente de Spanair

El que fuera vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac)en agosto de 2008, Valentín Villarroel, ha ratificado hoy en el Congreso que hubo errores en la custodia del primer borrador del informe sobre las conclusiones del accidente del avión de Spanair.

Villarroel, único piloto entonces que formaba parte de la Ciaiac, ha asegurado en la comisión de investigación del accidente del avión de Spanair que se desarrolla en el Congreso que no le entregaron para su lectura el citado borrador de las conclusiones y que lo conoció al verlo publicado en la prensa.

El documento, ha añadido, tampoco había sido aprobado previamente por el pleno de la Ciaiac antes de su publicación en medios de comunicación escritos.

Preguntado por esta cuestión por la portavoz de Coalición Canaria Ana Oramas, el exvocal y miembro de la Ciaiac se ha lamentado de que no pudieron entonces “participar en las correcciones” del borrador.

Por ello, Villarroel ha dicho que pidió explicaciones al presidente y al secretario del citado organismo por entender que “eran responsables” de su custodia.

Villarroel ha comentado que “al no tener una excusa convincente” presentó su dimisión, que no aceptó la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

En junio de 2010, Villarroel dimitió de su cargo siendo de los vocales del pleno de la Ciaiac el único con experiencia en operación aérea en aviones de pasajeros.

El exvocal de la Ciaiac ha comentado que las dimensiones del accidente fueron tan grandes que este organismo en ese momento “no tenía suficientes personal y medios”.

Villarroel quiso aclarar, tras ser interrogado por el portavoz de ERC Joan Oloriz, que después del borrador sobre las conclusiones del accidente hubo un informe preliminar, sobre el que ha certificado que sí fue aprobado por el pleno de la Ciaiac, y que para el informe final ya no integraba el mencionado organismo.

Exdirector de A.Civil dice quen había indicios de problemas en el avión de Spanair

Por su parte, el director general de Aviación Civil entre 2004 y 2009, Manuel Bautista Pérez, ha dicho hoy que no había ningún indicio de que el avión de Spanair que se estrelló en el aeropuerto de Barajas en 2008 tuviera problemas de aeronavegabilidad y ha afirmado que el accidente fue por otras causas.

Bautista, que ha comparecido hoy en la comisión de investigación parlamentaria del accidente de Spanair, ocurrido el 20 de agosto de 2008, ha señalado que el TOWS, sistema encargado de advertir a la tripulación de la configuración inadecuada para el despegue que llevaba el aparato y que no funcionó, no era considerado por las autoridades correspondientes como una parte esencial del McDonnell Douglas MD-82, el modelo de avión del aparato siniestrado.
Respecto a que el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave siniestrada, que acreditaba que cumplía con los requisitos establecidos para su prototipo, no hubiera sido renovado cuando ocurrió el accidente, cuando la revisión anual le correspondía exactamente el 22 de julio, ha dicho que la renovación podía hacerse dos o tres meses después, un margen que se daba a la compañía para ajustarla a los planes de vuelo del aparato.

No obstante, ha indicado que, aunque se hubiera hecho la revisión del avión el 22 de julio, el TOWS no habría sido revisado porque “no formaba parte del paquete de sistemas vinculados a la aeronavegabilidad del avión”, ya que no estaba en el certificado tipo del modelo ni en el programa de mantenimiento se hablaba de él.

También ha dudado de que la revisión del TOWS hubiera evitado el accidente del vuelo JK5022 de Spanair en Barajas, pues antes de emprender el aparato su trayecto anterior, de Barcelona a Madrid, a las 09:00 horas funcionaba y, sin embargo, a las 14:25 horas en Madrid, desde donde iba a volar a Gran Canaria, no lo hizo.

El exdirector de Aviación Civil ha señalado que si en seis horas dejó de funcionar, tampoco hubiera dado más garantías que el avión hubiera pasado la revisión para obtener el certificado de aeronavegabilidad 29 días antes.
Ha añadido que el avión MD-82 tenía el sistema TOWS, pero no el mecanismo que alertaba de que no funcionaba y que ese tipo de avión llevaba el sistema TOWS, aunque entonces no era obligatorio.

Bautista ha dicho que luego la autoridad aeronaútica americana lo hizo obligatorio, pero no podía establecer esa obligación con carácter retroactivo.

Además, ha negado que en 2008 sólo hubiera tres inspectores del Estado en Aviación Civil y ha afirmado que en ese momento había 169 inspectores funcionarios.

En cuanto al accidente sufrido previamente por un aparato del mismo modelo en Detroit en 1987, en el que como en el ocurrido en Madrid en 2008 murieron 154 personas, Bautista ha dicho que desconoce si se informó de las conclusiones de la investigación de ese accidente, porque sucedió 17 años antes de que él llegara a la Dirección de Aviación Civil.

No obstante, ve plausible que no se informara a los responsables de entonces de los resultados de esas investigación por la inexistencia de sistemas y bases de datos entre organismos de distintos países.

Bautista, que llegó a Barajas cuando se leían los nombres de los supervivientes a los familiares, ha dicho que si cambiara algo de su gestión en el accidente es la atención a los familiares de las víctimas, pues su obsesión por que no se produjeran accidentes no le hizo caer en la necesidad de tener preparados planes para atender a los allegados de las víctimas.

Fuente: laprovincia.es

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El Archivo Histórico Municipal de Jaén se digitaliza

El Ayuntamiento de Jaén valora el trabajo de descripción, clasificación y digitalización de documentos e informatización que se realiza desde el Archivo Histórico Municipal. Este Archivo conserva la documentación de carácter histórico producida por el Ayuntamiento en su funcionamiento interno, así como la emanada por las relaciones del mismo con otras instituciones y particulares entre finales del siglo XV y el año 1987.

Durante el periodo que comprende de mayo de 2017 a mayo de 2018 se ha llevado a cabo la descripción y clasificación de 89 cajas con documentación diversa sin signar de los años 30 a los 80 del siglo XX procedente del Archivo Administrativo.

De igual forma se ha procedido a la digitalización de 455 documentos y 9020 imágenes de 31 cajas con documentación diversas, 19617 imágenes de 33 actas, además de la informatización de 26 cajas con aproximadamente 2000 legajos pertenecientes al ‘Fondo Histórico’.

Este trabajo se ha llevado a cabo a través del proyecto ‘Digitalización de los fondos documentales del Archivo Histórico Municipal de Jaén’ que ha permitido que el Archivo contara desde mayo de 2017 a mayo de 2018 con 4 ayudantes de archivo especialistas en digitalización de documentos pertenecientes al Plan de Empleo ‘Emplea +30’.

Fondos del archivo histórico

El Archivo Histórico Municipal, ubicado  en el edificio del Banco de España, cuenta con 3 depósitos destinados a albergar la documentación que custodia y que se encuentran situados en las antiguas cámaras acorazadas del Banco.

El depósito 1 custodia la documentación más antigua que conserva este Archivo como actas capitulares, autoridad real, alcaldía, personal, asuntos militares, obras o hacienda. El mismo comprende el conocido como ‘Fondo Histórico’ (con documentación que abarca desde el siglo XV al XIX) y el fondo ‘Arco de los Dolores’ (con documentación del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX).

El depósito 2 custodia los libros de enterramientos y padrones municipales desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX, biblioteca auxiliar, prensa histórica y documentación no clasificada de series diversas como hacienda, obras y servicios jurídicos.

El depósito 3 alberga documentación desde principios del siglo XX referente a obras menores, obras mayores, patrimonio, quintas, licencias de apertura, asesoría jurídica o hacienda.

A parte de los depósitos el Negociado del Archivo Histórico cuenta dentro del edificio con una sala de investigadores con capacidad para 6 usuarios y una pequeña zona destinada al trabajo técnico-administrativo del personal allí destinado.

Desde el Archivo del Ayuntamiento, se continúa con la catalogación del ‘Fondo Histórico’, ya depositado en la cámara acorazada del Banco de España, creando una ficha catalográfica para cada documento, un guión del legajo al completo y su informatización.

Actividad en sala de investigadores

Desde mayo de 2017 a mayo de 2018, 114 usuarios e investigadores han realizado un total de 321 consultas en esta sala. Se han facilitado 2917 documentos entre copias digitales, fotografías y fotocopias.

Asimismo se han recibido y atendido 121 consultas (externas 109 e internas – desde el Ayuntamiento de Jaén- 64) realizadas a través de correo electrónico solicitando tanto información como copias digitales de documentación.

Transferencia

Durante los meses de mayo y junio de 2017 se completó la transferencia de documentación iniciada en 2016 del Archivo Administrativo al Histórico. En el Depósito 3 se recibieron y ordenaron 1196 cajas con documentación perteneciente a diversas series (obras, asesoría jurídica, quinta).

Asimismo, se recibieron los libros y revistas pertenecientes a la biblioteca auxiliar del Archivo Histórico que aún s encontraban en el Ayuntamiento. También se han recibido 200 cajas y más de 100 legajos sueltos de documentación sin describir y que se corresponden a documentación diversa de obras, asesoría jurídica y hacienda. Esta documentación está en proceso de descripción, catalogación y expurgo.

Fuente: horajaen.com

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La entrada en vigor del nuevo RGPD será para nosotros un trampolín para alcanzar nuevas metas

Tras dos años desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el pasado 25 de mayo fue el día de su aplicación por parte de las empresas y autónomos. El nuevo RGPD viene a derogar la directiva Europea 95/46/CE y trae consigo importantes cambios en cuanto a endurecimiento de sanciones o nuevas figuras como el Delegado Protección de Datos.

¿Están las pymes y autónomos preparados para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos?

Tras casi 20 años de vigencia de la LOPD, y un gran esfuerzo por parte del sector en intentar concienciar de la importancia de la protección de datos de carácter personal, según estudios se estima que únicamente el 54% de las empresas cumplen adecuadamente la normativa vigente. Para facilitar la adaptación a la nueva normativa, la AEPD ha elaborado una hoja de ruta para que las pymes y autónomos cumplan con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

¿A qué sanciones se enfrentan con su incumplimiento?

El artículo 83 del RGPD 679/2016 de 27 de abril de 2016 establece las condiciones generales para la imposición de multas administrativas. Las sanciones económicas pasan a ser más considerables que las que establecía la LOPD (15/99). El apartado 5 y 6 del artículo 83 determina que las sanciones llegarán a ser 20 millones de Euros o del 4% de la facturación de la empresa, optándose por la de mayor cuantía.

Las sanciones operativas determinan la prohibición de recabar nuevos datos personales.

¿Qué garantías tienen los clientes a partir de ahora y cómo pueden defender la protección de datos frente a las empresas?

Con la entrada en vigor el nuevo RGPD las empresas tiene la obligación de recabar los datos de una forma más legibles y más entendibles, y adecuar los formularios para que sean más entendibles a los consumidores, con menos tecnicismos y más directos. Además, esta nueva normativa obliga al consentimiento expreso e inequívoco, no siendo válido el consentimiento tácito.

Adecuar los mecanismos y procedimientos para poder ejercer sus derechos que con el Real Decreto 1720/2007 con el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre son derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) y ahora se añaden los siguientes derechos olvido, portabilidad, limitación del tratamiento y principio de transparencia.

¿Cómo aborda esta nueva normativa y qué transmite a sus clientes?

La nueva normativa no deja lugar a dudas que hay que destruir de forma segura y con carácter de irrecomponible todos aquellos soportes, tanto en papel como informáticos, que contengan datos de carácter personal. También se deben aplicar medidas de seguridad en el resto de procesos, como son el transporte, la guarda y custodia y una adecuada gestión del residuo generado, siendo responsables con el medio ambiente.

El ámbito de la Protección de Datos no deja de adaptarse a los retos de la actualidad, ¿qué pasos quedan por dar para garantizar la seguridad de los clientes?

Con la entrada en vigor del nuevo RGPD y el DPD, llevar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos controlando los riesgos también identificara las amenazas y ciclo de vida de los datos. Es de suma importancia aplicar la Protección de Datos en la sociedad de la información, cobrando gran relevancia en la actualidad diversos delitos cometidos en la red. Para evitar este tipo de actuaciones, es fundamental que se implanten protocolos de seguridad en relación con nuestros datos de carácter personal por parte de las empresas y también los usuarios deben ser más conscientes de la importancia de proteger y hacer un buen uso de sus propios datos personales.

Fuente: laverdad.es

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Crean un ‘testamento inteligente’ para heredar contenidos digitales como perfiles en redes o dinero en Paypal

La empresa alicantina Mi Legado Digital ha desarrollado “el primer testamento inteligente de España” para la transferencia de contenidos digitales después de la muerte, con el objetivo de dar solución a los archivos que los usuarios guardan en nubes, los perfiles en redes sociales, el dinero acumulado en sistemas electrónicos de pago como Paypal o ‘bitcoins’ y activos digitales con valor económico, entre otras utilidades.

Se trata de una propuesta en versión beta que incorpora tecnología ‘blockchain’. En concreto, ‘smart contract’ o contratos inteligentes, de donde procede el término derivado ‘testamento inteligente’. Esta tecnología se combina con servicios basados en una infraestructura de clave pública, con la intervención de un notario cuando su participación resulte necesaria, detalla la mercantil en un comunicado.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo de los fondos europeos Feder, pretende asegurar la privacidad, confidencialidad, inalterabilidad e inmutabilidad de los datos personales y de cualquier información sensible de sus usuarios.

Otros de sus objetivos son garantizar automatización, trazabilidad, seguridad informática, confianza y transparencia en los procedimientos realizados a través de su plataforma digital. El ‘testamento digital’ también persigue garantizar la preservación de los datos a largo plazo, incluso si la empresa deviniera en insolvencia.

Mi Legado Digital quiere dar así respuesta a cuestiones como quién y de qué forma debería gestionar los textos, vídeos, fotografías y audios que siguen alojados en la nube de un fallecido, así como su perfil en las redes sociales, sus créditos sobre música, películas o cursos online.

Para ello, el sistema define si los herederos acceden al dinero acumulado en sistemas electrónicos de pagos como Paypal o a criptomonedas, como ‘bitcoins’. Desde la firma subrayan que “parece indispensable tomar precauciones sobre el destino final que daremos a nuestros contenidos digitales, especialmente cuando se trata de activos digitales que poseen un relevante valor económico”.

“CUSTODIA 100% SEGURA”

El procedimiento de otorgamiento y modificación de testamento, tal y como está diseñado actualmente, resulta poco práctico cuando los bienes de la herencia son contenidos digitales y, especialmente, criptomonedas, indican desde la compañía.

Por ejemplo, “el notario no podría garantizar una custodia 100% segura, bajo cualquier circunstancia, de las claves y contraseñas del testador que permiten el acceso a su monedero de bitcoins para poder recibir, almacenar o gastar dicha criptomoneda”.

Para evitar estas situaciones, la tecnología está alineada con el otorgamiento de testamento y permite que se actualice en tiempo real el registro de los contenidos digitales de sus usuarios, sin exigirles que realicen sucesivas modificaciones de sus testamentos conforme adquieran nuevos contenidos digitales o se desprendan de ellos.

Su plataforma está diseñada para facilitar el procedimiento de transferencia de los contenidos digitales entre causante y herederos o legatarios, “en el marco de un entorno tecnológico seguro que garantiza el absoluto respeto a las últimas voluntades del testador”, la protección de sus datos personales, la eliminación del riesgo de acceso de terceros no autorizados, y la continuidad en el tiempo de los servicios ofrecidos.

Con su propuesta, Mi Legado Digital trata de agilizar el procedimiento de emisión del testamento vital, pero también ofrecer efectividad en tiempo real a todas las partes involucradas en el proceso –registro, centros de salud, médicos y representantes legales del usuario– con el fin de que “las instrucciones dadas realmente se cumplan”.

SIN INTERMEDIARIOS

Gracias a los ‘smart contract’, la iniciativa pretende reducir las posibilidades de manipulación y fraude y aumentar la verificabilidad y auditabilidad a las transacciones digitales. También apuesta por un mejor seguimiento de la información y los activos digitalizados y por transferir de forma automatizada y segura contenidos digitales sin necesidad de intermediarios.

El prestador cualificado de servicios de confianza actúa como verificador de las transacciones digitales para ofrecer presunción de exactitud de fecha y hora. El notario cumple así un papel esencial en todo el proceso, ya que hace el testamento de los usuarios e interviene en el momento de transferir los contenidos digitales.

El proyecto cuenta con la colaboración de Nodalblock, S.L.U., empresas española especializadas en ‘blockchain’, el apoyo del notario de Madrid Alberto Bravo Olaciregui y la asesoría jurídica de Ricardo Oliva León, especialista en tecnologías disruptivas y ‘legaltech’.

El equipo informático lo coordina el experto desarrollador de plataformas digitales complejas Óscar Domínguez Merino. La empresa tiene apalabrados también acuerdos con centros de salud y hospitales privados, con vistas a agilizar la ejecución del testamento vital.

Fuente: ecodiario.eleconomista.es

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El mercado de gestión documental creció un 5 % en 2017, según un informe

El mercado de gestión documental, que incluye la digitalización, recogida, almacenamiento y custodia, destrucción, consultoría, desarrollo e implantación de aplicaciones, creció en torno a un 5 % en 2017, según un informe del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.

La evolución de este sector ha sido positiva en los tres últimos ejercicios: en 2015 repuntó un 6,8 % y un 5,1 % en 2016.

Los factores que han impulsado este mercado son, según el informe, la “favorable coyuntura económica, la tendencia de subcontratación de procesos de gestión global de la documentación por parte de empresas privadas y Administraciones públicas, y el avance en la transformación digital”.

Las previsiones del estudio apuntan al mantenimiento de la tendencia favorable “a corto y medio plazo” y detecta, asimismo, una tendencia de “progresiva concentración” de la oferta.

El estudio revela que los cinco primeros operadores en términos de facturación en el sector en 2016 concentraron el 45 % del mercado, mientras que los diez primeros sumaron el 61 %.

Actualmente y según los datos con los que se ha elaborado el informe, operan alrededor de 120 empresas en el sector.

Añade que su número se ha reducido en los últimos años, por las operaciones de fusión y adquisición de otras compañías de los principales grupos y el cese de actividad de pequeños operadores poco rentables.

Fuente: finanzas.com

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La sanidad privada asegura estar preparada para la aplicación de la nueva normativa europea sobre protección de datos

La sanidad privada ha asegurado, durante la jornada ‘Reglamento Europeo de Protección de Datos: Aplicación en el sector sanitario’, organizada por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), estar preparada para la aplicación de la nueva normativa europea sobre protección de datos.

“Las implicaciones y exigencias de la nueva normativa europea no asustan a las más de 600 entidades sanitarias privadas de toda España que integran ASPE. El cuidado de los datos siempre ha sido una máxima de nuestros asociados”, ha dicho el secretario general de ASPE, Carlos Rus, para recordar que “la exigencia de excelencia del sector sanitario privado español abarca no solo la prevención, la calidad y el cuidado del paciente o la formación de los profesionales de nuestros hospitales y clínicas, sino todos los aspectos relacionados con la gestión”.

En el encuentro han participado expertos del ámbito legal, representantes de entidades sanitarias relevantes e instituciones como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o el Instituto Español de Ciberseguridad (INCIBE). Además, ha contado con un gran número de asistentes tanto del sector público como del privado.

Asimismo, el subdirector general de Inspección de Datos de la AEPD, Pedro Colmenares, ha presentado el ‘Decálogo de protección de datos para el personal sanitario y administrativo de los centros sanitarios’, elaborado con el objetivo de elevar el nivel de cumplimiento de la normativa de protección de datos en este ámbito.

Desde la perspectiva jurídica, el director general de Alaro Avant, Alberto Martín, ha advertido de que las entidades sanitarias deberán realizar una evaluación de impacto; es decir, un análisis de los riesgos derivados de los datos personales que tiene la organización. “Es necesario trabajar para evitar cualquier riesgo que afecte a los derechos y libertades de las personas físicas”, ha apuntado Martín.

RIESGOS EN CIBERSEGURIDAD

Por su parte, la directora de la Unidad de Seguridad y Protección de Datos de la Clínica Universidad de Navarra, Patricia Muleiro, ha repasado las características y las funciones de la figura del responsable de protección de datos.

Entre sus tareas ha comentado que, por ejemplo, en el caso de los hospitales deberá revisar las políticas de custodia y destrucción de las historias clínicas, controlar la cesión de datos a laboratorios o compañías aseguradoras, establecer y revisar las políticas de envío de datos de salud en los correos electrónicos, prever las medidas de seguridad ante ataques informáticos externos o realizar auditorías mensuales sobre los accesos indebidos a las historias clínicas.

Del mismo modo, la responsable de proyectos del INCIBE, Elena García, ha abordado durante su intervención los riesgos a los que se enfrenta el sector sanitario en materia de ciberseguridad. “El sector de la salud se ve afectado por riesgos genéricos, como cualquier tecnología, y de manera especial por las cuestiones técnicas de los dispositivos que permiten una mejor atención sanitaria, para lo que es necesario mucha concienciación en ciberseguridad y mucho trabajo a nivel técnico”, ha dicho.

Asimismo, García ha recalcado la importancia de que las personas que manejen ese tipo de datos sanitarios sepan cómo proteger esa información a la que están accediendo, además de vigilar y promover el desarrollo seguro de todos los dispositivos que se vayan desarrollando.

El ejecutivo de grandes cuentas en DS Legal Group, Gabriel Díaz-Ferrer, y el director jurídico de Validated ID, Fernando Pino, han sido los encargados de abordar durante la jornada el papel de la firma electrónica como clave para la obtención del consentimiento inequívoco del interesado. Además, han estado hablando de un proyecto que ambas empresas tienen en común en relación al consentimiento informado.

Finalmente, durante el encuentro ha tenido lugar un coloquio sobre ‘El impacto de la nueva normativa en el funcionamiento de un centro sanitario’, en el que han participado Patricia Muleiro y el responsable de Protección de Datos de Hermanas Hospitalarias, Alejandro Artetxe, quienes han coincidido en destacar que con los cambios que se van a producir se ofrece una gran oportunidad a los centros sanitarios para actualizar sistemas de información, medidas de seguridad y para revisar los procedimientos en general, siendo los mayores beneficiados los pacientes, que verán más protegida su intimidad.

Fuente: ecodiario.es

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El Congreso de Archivística de Catalunya reunirá a 350 profesionales en Reus

El decimosexto Congreso de Archivística de Catalunya reúne desde este jueves y hasta el próximo sábado a más de 350 profesionales de los archivos, informa Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.

El objetivo del encuentro es reflexionar sobre los principales retos de presente y de futuro que tiene planteada la profesión, sobre todo la transformación digital como herramienta de proximidad y transparencia hacia la ciudadanía. Lo organiza la Asociación de Archiveros-Gestores de Documentos de Catalunya con el lema de “La gestión documental: el futuro (es) ahora!”.

El Congreso debatirá sobre innovaciones metodológicas y nuevas tecnologías en la gestión documental; el mercado, la custodia digital o nuevas oportunidades profesionales. También se centrará en la gestión de procesos, la transparencia, la administración electrónica; la explotación de la información, los datos abiertos o, entre otros, el apoyo a la gestión de calidad.

El Congreso se perfila como uno de los de los actos más destacados de la programación de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. El presidente de la entidad organizadora del congreso, Joan Soler Jiménez, señala que esta edición será una de las que reunirán más inscritos en su historia y que se presentarán una veintena de ponencias a cargo de algunos expertos de talla mundial.

Por primera vez, ha comentado Soler, el congreso incorpora en su nombre el concepto de “gestión documental” e integra así a un mayor abanico deprofesionales, desde los que crean los documentos hasta los encargados de preservarlos en el tiempo.

El Ayuntamiento de Reus trabaja desde hace unos años en un plan de modernización digital que incluye la implantación de la administración electrónica en todos los niveles y que ya cuenta con el expediente electrónico o la firma biométrica.

Según el responsable de Cultura de la Generalitat en Tarragona, Jordi Agràs, el Govern trabaja en el Pla Estratègic d’Arxius, que incluye una primera fase de diagnóstico y necesidades y otra de posterior, en el 2018, para desplegar el plan.

Fuente: lavanguardia.com

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La gestión documental, instrumento básico para la transparencia en España

Las administraciones públicas generan tales cantidades de contenidos y documentación que cabe preguntarse cómo es la tarea de recopilar, gestionar y almacenar toda esa información, garantizando a su vez que esté disponible para su consulta.

En este sentido, la figura del archivero dentro de las administraciones públicas se perfila como un elemento imprescindible y necesario para que la información no se pierda y se conserve en las mejores condiciones posibles. Con el fin de conocer cómo es esta labor, Compromiso Empresarial entrevista a Elisa Avilés Betegón y José Luís García Martínez, secretaria y vocal –respectivamente- de la asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP), quienes desvelan algunas luces y sombras sobre la gestión documental pública en España.

El gran problema de la gestión de archivos

Para comprender la magnitud del problema al que se enfrentan los archiveros públicos españoles, Avilés y García explican cómo es la creación de un archivo dentro de la Administración pública: Los ministerios se dividen en unidades administrativas compuestas por un número determinado de trabajadores, quienes crean sus propios archivos en su gestión diaria de expedientes. Estos expedientes se almacenan dentro del archivo de su correspondiente unidad, donde permanecen hasta cinco años. Pasado este tiempo, los expedientes son trasladados al archivo central del ministerio correspondiente.

“Cada ministerio debe tener un archivo central para coordinar a los archivos de todas las unidades del ministerio, y aquí es donde encontramos el problema, porque las unidades de los ministerios acumulan mucha documentación, ya que no se puede destruir nada según la Ley de patrimonio documental”, afirma Avilés.

En este sentido, los archiveros juegan un papel muy importante porque deben realizar un estudio de valoración para determinar si se elimina o se conserva la documentación que poseen. “Los archiveros debemos supervisar, organizar, conservar, analizar y difundir la información pública, garantizando que el papel llegue desde las oficinas hasta el archivo histórico”, comenta García.

Sin embargo, el gran problema que acusan es el colapso de los grandes archivos españoles: el Histórico Nacional custodia unos 40 kilómetros de documentación (esta longitud se obtiene midiendo el número de cajas de documentos colocadas verticalmente como el lomo de un libro), y el Archivo General de la Administración, el tercero más grande del mundo, acumula unos 160 kilómetros lineales de documentos.

El Archivo Histórico Nacional custodia unos 40 kilómetros de documentación y el Archivo General de la Administración, el tercero más grande del mundo, acumula unos 160 kilómetros lineales de documentos.

 Al estar “colapsados”, estos Archivos no admiten transferencias, es decir, que los archivos centrales de los ministerios no pueden enviarles su documentación y como únicas soluciones se plantea que las unidades acumulen su propia documentación o contratar un servicio externo para almacenarla. “Este último aspecto genera bastante polémica, puesto que supone un coste adicional para la administración, entre otros conflictos”, indica la secretaria de AEFP.

Además de la falta de espacio físico para conservar la documentación, la AEFP señala la escasez de recursos humanos y económicos destinada a la gestión documental dentro de las administraciones. Ministerios como Interior y Hacienda se consideran “afortunados” por tener entre cuatro y cinco técnicos al cargo de sus archivos centrales, mientras que el resto debe conformarse con uno o dos, siendo el caso de los ministerios de Justicia y Fomento.

La transparencia no afecta a los archivos públicos

Para realizar su labor diaria, los archiveros tienen regulada su actividad por cinco bloques de normas: la Ley de patrimonio y el Real Decreto 1708 de 2011 sobre el sistema español de archivo, la Ley de secretos oficiales, el esquema nacional de seguridad con las guías de aplicación del Centro Criptográfico Nacional, la regulación sobre protección de datos personales y, finalmente, la actual Ley de transparencia.

“Cuando se estaba creando la Ley de transparencia, los archiveros pensamos que sería un alivio porque agruparía toda la regulación y no tendríamos que estar mirando tanta normativa”, explica Avilés. Sin embargo, sus ilusiones se frustraron cuando la Ley de transparencia aprobada excluyó a los archivos públicos por tener legislación propia, dejando la regulación de su actividad enmarcada por las diferentes normas citadas anteriormente.

Esta situación implica que cuando se realiza una consulta de un archivo de oficina, se aplica la Ley de transparencia y con carácter supletorio la Ley de patrimonio, pero si se consulta al archivo central, la aplicación de las normas se invierte, prevaleciendo la Ley de patrimonio y subsidiariamente la Ley de transparencia.

Según explican los archiveros consultados, parece que el legislador tuvo la intención de separar, por un lado, la documentación considerada como “histórica” y, por otra parte, la información más actual. De este modo, la transparencia afecta a la información pública a partir de 2014, mientras que la generada anteriormente sigue estando regulada por la otra normativa existente.

Para realizar su labor diaria, los archiveros tienen regulada su actividad por cinco bloques de normas diferentes.

 El archivo como instrumento contra la corrupción

Desde la AEFP quieren destacar la importancia de realizar una buena gestión de archivo para garantizar la transparencia en la administración pública española. Por este motivo, la Asociación ha creado un decálogo con las medidas que consideran “esenciales y necesarias” sobre documentación y archivo para luchar contra la corrupción.

Entre estas medidas destacan algunas como: acabar con la eliminación de documentos públicos sin procedimiento de valoración; garantizar la cadena de custodia de los documentos físicos y electrónicos; la formación de los empleados públicos en gestión documental; la regulación del acceso a los documentos públicos por la Ley de transparencia, y la realización de un plan de información pública dirigido a los ciudadanos con el fin de que conozcan y ejerzan su derecho de acceso.

Otra medida destacada de este decálogo es la creación de una nueva ley sobre confidencialidad de los documentos públicos para establecer plazos de clasificación “razonables y equiparables a otros estados democráticos”. En este sentido, Avilés y García señalan que en España “jamás” se ha desclasificado información, siendo otra de las expectativas frustradas con la Ley de transparencia.

Actualmente, la desclasificación en España solo puede realizarla el Congreso de los Diputados aprobando una ley, o la autoridad que clasificó dicha información. Avilés señala el ejemplo del gobierno italiano que en febrero de 2016 desclasificó información sobre los crímenes cometidos durante la ocupación nazi en la II Guerra Mundial. Se hicieron públicas unas 13.000 páginas del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, a las que se puede acceder desde el portal del parlamento italiano para descargar documentos inéditos y realizar peticiones de información.

“En España podrían hacer lo mismo, siendo el Congreso quien lo apruebe; por este motivo desde la asociación exigimos la creación de una nueva norma que garantice lo que la Ley de transparencia se dejó en el tintero sobre archivo y documentación”, concluye José Luís García para Compromiso Empresarial.

Fuente: compromisoempresarial.com

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