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El final del papel en las oficinas

El trabajo de la empresa compostelana Unayta se basa en ayudar a las compañías e instituciones a dar el salto definitivo hacia la digitalización de su día a día. Terminan con los documentos, pero también se dedican a la transformación, conservación y difusión de archivos históricos

Ellos acompañan a las empresas y administraciones públicas en uno de los retos más importantes que han tenido que afrontar en las últimas décadas. No importa que sean trámites cotidianos o la gestión de archivos, la digitalización no solo es una realidad, sino una necesidad que afecta a más parcelas del día a día de cualquier organización.

Unayta, con sede en O Milladoiro, se adelantó a esas necesidades en el año 2009 con un primer lema comercial muy revelador: ‘Vive a rede’. «O principal obxectivo era achegar formación a aquelas persoas que quixeran usar a informática e Internet coma un medio normal de comunicación, evitando na medida do posible a quebra dixital», explica Brais Moares, coordinador de producción y márketing. Con estas bases se ponían los cimientos de esta compañía, formada por una decena de talentos especializados en digitalización documental y en proyectos de oficina sin papel. Sus perfiles, de lo más variado para atender las necesidades de cada encargo. El equipo de Unayta está enfocado principalmente a la producción de proyectos, pero también incorpora a técnicos de campo a demanda. «Son sobre todo técnicos informáticos, técnicos en administración e técnicos documentalistas e de arquivos, especialistas en márketing dixital para facer unha boa difusión cultural», apunta Manuel Calvo, responsable de ventas.

Los servicios que más les demanda la empresa privada tienen que ver con la necesidad de eliminar el papel de su realidad. Los servicios de oficina sin papel son los que más les identifican como compañía. «O uso do papel na era dixital resulta máis unha incomodidade que unha plataforma útil. Está claro que aínda custa moito abandonar un hábito tan estendido coma ler ou escribir documentos en papel», comenta Moares, a la vez que detecta que tanto responsables públicos como empresarios son conscientes de que se trata de un paso que tienen que dar. «A seguridade, trazabilidade, custodia e mobilidade, sumando a rendibilidade, forman parte do valor engadido que aportan estes proxectos. Ademais, os beneficios medioambientais e a redución do uso de papel son evidentes», añade.

Sus clientes les piden servicios de firma biométrica, gestión documental y destrucción certificada, captura de datos, factura electrónica, además de custodia documental. También lo hace la Administración, pero en muchos casos incluyendo la organización y catalogación de archivos. «Que unha empresa ou unha institución nos confíe o seu fondo documental para que o clasifiquemos, describamos e dixitalicemos para facer un arquivo e difundilo en redes para que sexa coñecido é o noso maior estímulo. Confiaron en nós dende grandes concellos, confrarías ou grandes compañías agrícolas da nosa comunidade», asegura Brais Moares. Y es que, en muchos casos, manejan grandes joyas de la historia de Galicia. Por ejemplo, el Concello de Ribadeo ha sido uno de los que les ha confiado la tarea de digitalizar sus documentos históricos desde 1573. También, la Coral de Ruada o la Fundación Camilo José Cela. Así, conservan esos valiosísimos archivos en el formato más actual. «Un arquivo dixital é unha plataforma de xestión online pensada para organizar e difundir o patrimonio documental de calquera organización. Tanto a súa documentación histórica, coma os fondos fotográficos, son tratados con criterios técnicos e adaptados para ser conservados e publicados», desarrolla Manuel Calvo. Es decir, para cada proyecto hay una metodología y unas necesidades que Unayta debe estudiar. «Moitas fases dos proxectos están pouco valoradas pero son fundamentais. Entendemos a innovación como a adopción de novas formas de actuar sobre un determinado proceso co fin de obter unha maior eficacia cos menores custes», sentencia Calvo.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Ex altos cargos de la etapa PSOE controlan la agencia de los papeles ocultos de los ERE

La Consejería de Economía ordena examinar miles de documentos que la Agencia Idea tenía en otro almacén de Camas (Sevilla) y alerta del “caos” de los expedientes custodiados.

Un día después de que el Gobierno andaluz comunicara la aparición de cajas fuertes ‘ocultas’ en la Agencia Idea con papeles clave del caso ERE, siguieron aparecieron detalles. El Gobierno andaluz difundió unas fotos de las supuestas cajas fuertes situadas en el sótano del edificio, tres armarios de seguridad de gran altura y dimensiones que, según la información recabada por este periódico, cumplen con las medidas de seguridad exigidas por ley para la custodia de documentos públicos y que era imposible que estuvieran escondidas.

Más allá del dilema de las cajas, la Agencia Idea era un día después de la denuncia pública del PP un hervidero. Se dan muchas circunstancias que convierten esta agencia pública en una olla a presión. Entre otras, la política de nombramientos de Cs, que llevó a fichar para el área económica, y ahí entra esta agencia pública, a profesionales que formaron parte de los organigramas socialistas.

Las cajas fuertes ‘ocultas’ que han aparecido en la Agencia Idea. (Junta de Andalucía)

Pese a que toda la denuncia pública viene de la parte del PP en el Gobierno andaluz, Idea está adscrita a la Consejería de Economía de Rogelio Velasco, cuota de Cs en el Ejecutivo. Es curioso que quienes llevaban la bandera de la regeneración y ostentan esas competencias aparezcan mudos o en segundo plano mientras el PP pone a tope los altavoces de denuncia de la corrupción socialista.

El PSOE no se cortó en apuntar en su primera respuesta pública a la denuncia de papeles ‘ocultos’ que el actual director general de la Agencia Idea, Fernando Casas, fue alto cargo en los gobiernos socialistas con los titulares de Hacienda María Jesús Montero y Antonio Ramírez de Arellano. Fue secretario general de Hacienda, director general de Tesorería y director general de Presupuestos en sucesivos cargos que ocupó desde 2016.

El director general de Idea fue alto cargo en los gobiernos socialistas con los titulares de Hacienda María Jesús Montero y Ramírez de Arellano

En el organigrama de la agencia que el Gobierno andaluz ha situado en el centro de la polémica, aparece como presidenta Lorena García de Izarra, que es viceconsejera de Economía. Fichada por Velasco desde la empresa privada, en concreto era directiva en la mina Cobre Las Cruces. Antes, durante tres años y tres meses, se integró en los equipos directivos de tres exconsejeros de Innovación, en concreto Francisco Vallejo, también condenado en los ERE, Martín Soler y Antonio Ávila. Todos fueron responsables de Idea con el PSOE.

La vicepresidencia de Idea recae en Manuel Ortigosa, funcionario de la Junta y director general de Telecomunicaciones desde 2015 en el último Gobierno de Susana Díaz. La subdirección general de Idea la ocupa Manuel Cano, que ocupó en la etapa socialista varios puestos de responsabilidad en la Agencia de Vivienda y que desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2016 fue precisamente director económico financiero de Idea.

No es el único que tuvo responsabilidades en Idea en la etapa socialista que ha acabado integrado en el organigrama del nuevo Gobierno en el área de Cs. También Lorena Garrido, actual directora general de Comercio de la Consejería de Economía, fue desde 2018 secretaria general de Idea, “era ella quien tenía la custodia de esos archivos secretos”, apuntan fuentes socialistas.

En el PSOE, se preguntan cómo se puede sostener que la Agencia Idea maniobró y ocultó papeles en cajas fuertes secretas y a la vez ascender o mantener al frente de este organismo a directivos que fueron altos cargos del área económica en los gobiernos socialistas. Invitan a preguntar directamente a estos directivos, ahora con Cs, si en sus anteriores etapas los gobiernos socialistas ocultaron documentos e información a la Justicia. Desde el equipo del consejero de Economía, Rogelio Velasco, defienden que todos los nombramientos del departamento se han realizado “con criterios absolutamente profesionales” y que demuestran que el consejero “no es ninguna persona sectaria”. “Se primaron el currículo y los méritos profesionales”, insisten.

Según ha podido saber El Confidencial, la Agencia Idea cuenta con otro almacén situado en el municipio de Camas y donde también se examinarán los documentos custodiados para hacer inventario y poner orden en el archivo. “Hay miles y miles de papeles y se tardará mucho tiempo en digitalizar e inventariar”, explican desde el Gobierno andaluz. Según la versión de lo ocurrido en el área de Economía, fue el miércoles pasado por la tarde cuando un funcionario se personó directamente en el despacho del director de Idea, Fernando Casas, para comentarle que habían aparecido documentos relacionados con el caso de Cárnicas Molina. Días atrás, la Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación por malversación en este caso del expresidente Manuel Chaves y del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. El funcionario, señaló el PP, pasará a ser protegido como denunciante de corrupción. Aseguran que sufre temor y ansiedad.

Los consejeros andaluces de Presidencia, Elías Bendodo (i), y de Economía, Rogelio Velasco. (EFE)

El responsable de Idea asegura que desconocía la existencia de esos archivos en el sótano del edificio, donde también hay una sala para que los trabajadores puedan acudir a comer o tomar café y otra con los utensilios de limpieza. ¿Dónde estaban los documentos que ahora se han entregado a la Justicia? ¿Cómo eran secretos? Al parecer, estaban en sobres lacrados “en una segunda fila del archivador, no a la vista, sino ocultos tras los archivadores comunes”, según fuentes del Gobierno andaluz. “Había 192 carpetas y no todas eran visibles”. Los armarios de seguridad tienen una llave que “tenía una sola persona”, explican desde la Junta.

Al parecer, estaban en sobres lacrados “en una segunda fila del archivador, no a la vista, sino ocultos tras los archivadores comunes”

En ese momento, el director de Idea comunicó lo sucedido a la cúpula de la Consejería de Economía, que decidió enviar a la agencia personal funcionario para que levantara acta de lo ocurrido y de lo que hay dentro de los archivadores. “Había muchos documentos en un segundo fondo que no aparecían en los inventarios”, señalan fuentes de Idea. “Estaban ocultos y algunos en sobres lacrados”. “Inmediatamente después, se decide poner estos documentos bajo guardia y custodia de los servicios jurídicos de la Junta”, agregan. Después de este episodio, la cúpula de Idea conoce, explican, la existencia de otro archivo fuera del edificio y “también hay muchos documentos que no están inventariados”. El Gobierno andaluz habla de “caos”.

Idea, que la sentencia de los ERE señaló como la caja pagadora de las ayudas ilegales, se creó como un instrumento para ayudar a la innovación de las empresas andaluzas y fue heredera del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). No solo se vio envuelta en los tribunales en los ERE, también en el caso avales, abierto por la jueza Mercedes Alaya en 2014 y archivado por su sucesora, María Núñez Bolaños, en mayo de 2019. El Gobierno de PP y Cs se sumó a la petición de archivo de la causa y luego lo recurrió, pero librando a los ex altos cargos.

Fuente: elconfidencial.com

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¿Cómo destruyen los trabajadores españoles la información confidencial en papel?

Un informe elaborado por Akenford para Fellowes, compañía que desarrolla productos ofimáticos en sintonía con el RGPD, explica los hábitos de los trabajadores y empresas españolas a la hora de destruir información confidencial en papel. Y dichos hábitos varían si están en el trabajo o en el hogar.

A diferencia del tratamiento de los datos personales o confidenciales en digital, el papel sigue siendo una parte importante en el día a día de muchas empresas y la destrucción de todos ellos para evitar incumplir con el reglamento se convierte en un problema para muchas empresas y sus trabajadores.

Un 33% de los trabajadores españoles no destruye de forma completa esta documentación sino que lo hace de forma parcial, algo que vulnera la protección y la custodia de información que tiene carácter confidencial.

Los hábitos de la destrucción del papel con destructora en los centros de trabajo españoles no está demasiado extendido. El informe concluye que el 47% de los trabajadores que tiene destructora de papel en su puesto de trabajo o no la usa o la usa en ocasiones muy puntuales.

Además, el 19% del personal de oficina carece de destructoras de papel en su puesto de trabajo lo que hace imposible el cumplimiento efectivo del RGPD cuando se trata de información en papel.

Un dato significativo que indica la vulneración de la nueva normativa es que aún hoy el 30% de las empresas siguen dejando el papel en contenedores para reciclado cerca de la oficina sin ser completamente destruido.

En el hogar, los datos cambian

Sin embargo, el comportamiento que tenemos en el hogar en relación a la destrucción de información confidencial es distinto.

Según indica Fellowes, España está por encima de la media europea en la adquisición y uso de destructoras en casa, especialmente las de encimera y de pequeñas dimensiones. Un 35% de españoles tiene este tipo de destructoras en nuestro país frente al 24% de media en la UE.

El 50% de los españoles se gasta menos de 60 euros en la compra de una destructora, y un 30% se ha gastado más de 100 euros. En esto último somos más generosos que la media europea ya que apenas un 17% se gastaría esa cantidad.

Entre una y tres veces por semana utilizan la destructora en casa, y el 60% pasa entre uno y cinco minutos destruyendo documentación. Un tercio vacía una vez a la semana el depósito en la papelera.

El motivo de ser más celosos a la hora de destruir documentación en la oficina o despacho del hogar es porque el desembolso es particular, lo compran para utilizarlo, y porque no tienen que desplazarse fuera de su escritorio para hacerlo.

Fuente: observatoriorh.com

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La OEA detecta manipulación informática en el recuento de votos de Bolivia

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha detectado irregularidades “muy graves” en las elecciones de Bolivia celebradas el pasado 20 de octubre, en las que Evo Morales fue reelegido para un cuarto mandato. Entre ellas, una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.

El informe de la OEA, elaborado por un equipo de 36 expertos de 18 países que desde el pasado 1 de noviembre evaluaba el proceso de votaciones en Bolivia, ha motivado la convocatoria de unas nuevas elecciones por parte de Morales.

Respecto al sistema de informática, los expertos revelan “fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) como del cómputo final”.

Los especialistas, entre los que se encuentran abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral, alertan de una “una clara manipulación” en la transmisión de datos.

“Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave”, anotan en su informe.

ACTAS ALTERADAS Y FIRMAS FALSAS

Entre las irregularidades mencionan “la existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas”, así como otras “inconsistencias”.

“De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38,07 % presenta inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice”, detalla el informe a manera de ejemplo.

Y aunque los expertos admitien que “teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo”, puntualizaron que “resulta improbable estadísticamente” que el actual presidente “haya obtenido el 10 % de diferencia para evitar una segunda vuelta”.

NUEVAS ELECCIONES

La OEA, por tanto, recomendó este domingo celebrar nuevas elecciones. “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral”, señala el informe..

La Secretaría General de la OEA respaldó el trabajo del grupo auditor y manifestó que “la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada”.

“El proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuando la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral”, señaló en otro comunicado la Secretaría General.

Además, puntualizó que “la situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas”.

Bolivia enfrenta una grave crisis desde la proclamación de Morales como ganador de los comicios, los cuartos a los que se presentó desde su llegada al poder en enero de 2006.

La oposición y movimientos cívicos han denunciado que hubo un fraude electoral, por lo que exigen la renuncia del mandatario y la convocatoria de nuevas elecciones.

Las protestas han causado al menos tres muertos en enfrentamientos entre partidarios y contrarios a Morales y 384 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

El pasado lunes, el canciller de Bolivia, Diego Pary, denunció ante la OEA en Washington un “golpe de Estado en camino” en su país, del que responsabilizó al líder del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al candidato y expresidente de ese país Carlos Mesa, quien se ubicó en segundo puesto en la votación de octubre. No desechó, sin embargo, la posibilidad de una segunda vuelta.

Fuente: lavanguardia.com

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La Fundación Negrín pide ayuda para catalogar su archivo

 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 sep (EFE).- La Fundación Juan Negrín ha pedido ayuda a las administraciones para poder catalogar el archivo del último presidente de Gobierno de la Segunda República, 200.000 documentos con muchas de las claves de la Guerra y el exilio de los que solo se ha inventariado un 5 por ciento.

La Fundación custodia en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad natal del líder republicano, el archivo que fue formando durante su paso por diferentes carteras del Consejo de Ministros (fue ministro de Hacienda, ministro de Defensa y presidente del Gobierno) y sus décadas de exilio, con todo tipo de documentos: actas, informes, cartas, fotografías, procedimientos judiciales.

El grueso del archivo personal de Negrín -150.000 documentos- llegó a España desde la casa de la familia en París en 2014 por iniciativa de su nieta y presidenta de honor de la Fundación, Carmen Negrín, gracias a un acuerdo en el que se implicaron el Gobierno central, el de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el propio Estado francés, que recibió el compromiso de obtener una copia.

En breve, se le unirán 50.000 documentos más que Carmen Negrín descubrió hace unos meses en unas cajas arrumbadas en un sótano de la casa de su abuelo en París, que contienen documentos desconocidos sobre momentos claves de la República y la Guerra: como la gestación del Estatuto de Cataluña de 1933, el proceso al POUM o las negociaciones en Londres con el Comité de no Intervención creado a instancias de Francia y el Reino Unido tras comenzar la contienda civil en España.

Acompañado por Carmen Negrín, el presidente de la Fundación, José Medina, ha reconocido que se ven desbordados por el tamaño y la entidad del archivo y también por el volumen de peticiones que reciben de universidades, historiadores y ciudadanos a título particular, que sospechan que la pista definitiva sobre un familiar desaparecido en la guerra puede estar en ese montón de papeles.

La Fundación ha hecho un primer escaneo de los 150.000 documentos que recibió en 2014, en un formato PDF que permite hacer búsquedas automáticas de texto en aquellos que están mecanografiados (no así en los manuscritos, ni

en las imágenes o elementos gráficos), pero solo ha podido inventariar en detalle poco más del 5 por ciento.

Los rectores de la Fundación subrayan que este no es un archivo cualquiera, es una “archivo de Estado”, una joya histórica que guarda la versión de la Guerra de España -como llamaba Negrín a la contienda, a la que se negaba a referirse como la Guerra Civil- de “aquellos españoles a los que los 40 años de dictadura silenció”.

La Fundación ha hecho este llamamiento coincidiendo con la inauguración de la exposición “1939. La derrota de las democracias”, construida a partir de un calendario publicado en aquellas fechas por el Comité Nacional de Mujeres Antifascistas y seis discursos de Negrín. EFE.

Fuente: lavanguardia.com

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Detienen a cuatro personas en Málaga tras el expolio de más de 3.700 restos arqueológicos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha investigado a otras nueve más por el expolio de más de 3.700 piezas arqueológicas, que han sido localizadas e intervenidas en distintas localidades de Málaga, Córdoba y Tarragona. Es el resultado de las bautizadas como operaciones ‘Colum’ y ‘Patred’, que han desarrollado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, y en la que los arrestados están acusados de delitos de receptación de material arqueológico procedente de expolio y de tráfico ilegal de bienes arqueológicos pertenecientes al Patrimonio Histórico Español.

Las pesquisas comenzaron con la primera de estas operaciones, que se remontan al año 2016. Entonces se detectaron en Ronda la presencia de varios restos arqueológicos arquitectónicos (fustes) de origen romano. Algunas de estas piezas, según los arqueólogos oficiales, eran similares a las que existían en la antigua ciudad romana de Acinipo (Ronda) en el siglo I d.C y otras situadas en la zona del término municipal de Cabra (Córdoba).

Los investigadores también constataron que restos similares (columnas) habían sido adquiridos a varios anticuarios de la provincia de Málaga y estaban siendo utilizados como decoración ornamental en unos jardines de un establecimiento hotelero.

Los agentes comenzaron a tirar del hilo y comprobaron que, para realizar esas transacciones, los anticuarios habían confeccionado unos documentos fraudulentos de cesión y compraventa. Su objetivo no era otro que enmascarar la ilegalidad de las piezas con las que se estaba traficando comercialmente, algo prohibido debido a la protección especial que tienen los restos arqueológicos, los cuales son considerados bienes de dominio público.

Una vez identificada la procedencia de esas columnas, los guardias civiles realizaron un registro en la casa de unos anticuarios de Antequera, donde se intervinieron hasta de 60 piezas (columnas, basas, bustos, etc.).También se llevaron a cabo inspecciones en otros anticuarios de la citada localidad, así como de Marbella, Estepona y Cabra (Córdoba).

En uno de estos registros, los agentes se percataron de que uno de los anticuarios de Antequera tenía un pequeño museo. Este era ilegal, ya que carecía de la correspondiente autorización de la Administración de Cultura de la Junta de Andalucía, recuperándose otras 42 piezas arqueológicas.

La ‘operación Patred’ profundizó en Internet, donde los investigadores detectaron como existía un tráfico ilegal de material arqueológico. Fruto de esta investigación se ha podido intervenir 436 piezas (numismático, bisutería, etc.) en Torremolinos, 3.166 piezas (basas, numismático, bisutería, etc) en Lucena, una ánfora en Pizarra y otra en Tarragona.

Desde la Guardia Civil han informado de que el valor económico del total de las piezas recuperadas superarían los 500.000 euros en el mercado negro. Aun así, han explicado que el histórico es muy superior al económico.

De hecho, siempre según las mismas fuentes, el expolio ha provocado la destrucción total o parcial del yacimiento, puesto que ha podido perjudicar el contexto arqueológico en el que se localiza la pieza perdiendo de manera irremediable la información histórica que el yacimiento contenía.

Sobre el material recuperado, abarca diferentes épocas como la Prehistoria, Íbera, Romana, Medieval y Visigoda. Entre las piezas arqueológicas destacan por su importancia una escultura femenina de la época romana similar a las que se hallan en el Teatro Romano de Mérida y una punta de palmela de la época Prehistórica.

Una vez intervenidas y recuperadas dichas piezas han sido trasladadas al Museo de Antequera para su custodia, conservación y peritaje, donde han podido ser analizadas en profundidad por un técnico de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Y es que en la operación se ha contado con la colaboración de estos últimos, además de con los ayuntamientos de Ronda, Estepona y Antequera.

Fuente: diariosur.es

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PP pide información de “destrucción de documentación del Ayuntamiento”

El Partido Popular de Alcalá la Real ha solicitado información al equipo de gobierno socialista sobre la presencia de un camión de la empresa Resurja “el pasado sábado día 13 por la tarde en la plaza del Ayuntamiento, en el que se depositaron cientos de expedientes procedentes de la Casa Batmala para ser trasladados y destruidos”.

En concreto, los populares han preguntado al equipo de gobierno “por el protocolo de traslado y destrucción de documentación que sigue el Ayuntamiento, así como información sobre la relación de documentos entregados a Resurja o a cualquier otra empresa encargada de eliminar ficheros”.

Según el comunicado del PP “La ley determina que toda documentación ha de ser custodiada un mínimo de años en función de su tipología, aspecto que ha de ser controlado por la Secretaría General del Ayuntamiento. Incluso en los contratos ya vencidos el Ayuntamiento está obligado a conservar los expedientes durante varios años”.

En este sentido, desde el PP se ha solicitado saber “quién ha sido la persona que ha autorizado la entrega de expedientes a Resurja el sábado 13 de abril, puesto que ha de ser un proceso controlado desde la Secretaría municipal. Desde el PP se espera una pronta justificación del equipo de gobierno del PSOE ante los hechos”.

Fuente: andaluciainformacion.es

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La Generalitat invertirá un millón de euros en Archivo de la Alta Ribagorça

La Generalitat invertirá un millón de euros en el Archivo Comarcal de la Alta Ribagorça, ubicado en Pont de Suert (Lleida), que estará finalizado en 2021 según el proyecto ejecutivo que ha presentado hoy la consellera de Cultura, Laura Borràs.

La consellera ha visitado este sábado en Pont de Suert el edificio que acogerá el archivo, el antiguo Palau Abacial, acompañada de la directora general de Patrimonio Cultural, Elsa Ibar; del presidente del Consejo Comarcal de la Alta Ribagorça, Josep Lluís Farrero, y del alcalde de Pont de Suert, José Antonio Troguet.

Borràs ha destacado que “los archivos son los preservadores de nuestra memoria y, por tanto, de lo que somos” y que “cumplen una función fundamental en la preservación de esta memoria”.

 

 

El Departamento de Cultura está tramitando actualmente el acuerdo plurianual para la construcción del archivo comarcal, así como el convenio de construcción.

Una vez se apruebe, el Ayuntamiento de Pont de Suert iniciará los trámites para la licitación de las obras de construcción y equipamiento del archivo.

La superficie útil total del edificio rehabilitado es de 330,99 metros cuadrados y la superficie construida, de 600,88 memtros cuadrados.

Con este proyecto se completa la Red de Archivos Comarcales de Cataluña, que contará con una superficie construida de más de 50.000 metros cuadrados.

La Red de Archivos Comarcales de Cataluña cuenta actualmente con 38 archivos y 2 depósitos externos, custodia más de 120 kilómetros de documentos, unos 15.000.000 millones de documentos digitalizados y recibe unos 60.000 visitantes anuales.

Fuente: lavanguardia.es

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El Ayuntamiento elimina las tasas por el certificado de viajes y para empadronarse

El Ayuntamiento de Adeje cierra el 2018 con la aprobación de la supresión de algunas tasas por expedición de documentos administrativos. La ciudadanía ya no tendrá que pagar por las altas en el padrón, los certificados de viaje, empadronamiento o convivencia, así como por informes certificados sobre datos catastrales, relación de fincas, entre otros trámites que hasta ahora solo eran gratuitos si se hacían telemáticamente.

Según el informe de gestión tributaria presentado ayer en el Pleno, el objetivo de esta decisión es “agilizar los trámites de la contratación administrativa municipal. Con la supresión de algunos cobros, se reduce al mínimo el manejo de dinero en metálico en las Oficinas de Atención al Ciudadano, así como de Tesorería”.

 Otra de las tasas que sufre una modificación es la de recogida y retirada de vehículos de la vía pública con grúa y su custodia en el depósito municipal. Al tratarse de una tasa, esta debe ajustarse a los costes del servicio que se ha visto modificado a raíz del nuevo contrato con la empresa adjudicataria. Además, el pago de la tasa se realizará por autoliquidación, la persona deberá abonarla mediante tarjeta.
Fuente: laopinion.es

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Legados a golpe de clic

Los 22 fondos que atesora la Fundación Caja Mediterráneo se abrirán al mundo gracias al convenio firmado con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes para digitalizar la documentación y difundirla

Son 120.000 documentos y objetos los que atesora el Centro de Legados de la Fundación Caja Mediterráneo en Alicante. Un fondo de gran valor que se ha ido forjando a lo largo de medio siglo pero que, a falta de su digitalización completa, está al alcance de unos pocos. Una situación que cambiará en breve tras el convenio marco firmado ayer entre esta entidad y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Este acuerdo permitirá que los legados de autores como Azorín, Carlos Arniches o Gabriel Miró; músicos como Óscar Esplá y Jaume Mas Porcel; pintores como Emilio Varela o Eusebio Sempere; científicos como Jorge Juan o arqueólogos como Francisco Figueras Pacheco, se pongan a disposición de más de diez millones de personas en todo el mundo, que es la cifra de usuarios que atrae la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cada año.

El convenio que rubricaron ayer el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer, contempla la difusión del patrimonio bibliográfico cultural en distintos formatos y el aprovechamiento de los fondos digitalizados a través de proyectos de investigación conjuntos. Con esto se facilitará el acceso más eficiente a los recursos bibliográficos, además de la difusión y promoción artística y cultural con el desarrollo de actividades conjuntas.

La BVMC realizará con esos fondos pequeñas secciones dedicadas a cada legatario, para luego crear un portal general de legados que lleve al formato digital el Centro de Investigación y Documentaciónque esta desarrollando la Fundación Caja Mediterráneo, para difundir su patrimonio documental en general y de sus legados en particular.

El primer movimiento de la Miguel de Cervantes será realizar un inventario para ver lo que ya se ha digitalizado y en qué condiciones técnicas está para que todos los legados se ofrezcan en las mejores condiciones tecnológicas de digitalización y puedan ser consultadas en todo el mundo.

Tal como apuntó Luis Boyer, «la Fundación Caja Mediterráneo tiene la voluntad y el compromiso de custodiar y difundir el patrimonio intelectual y artístico de los legatarios». En este sentido, añadió que «el objetivo primordial de nuestra entidad es poner esta documentación a disposición de los investigadores y de la sociedad en general, y por eso es un orgullo poder colaborar con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, institución de referencia en la digitalización y difusión del patrimonio cultural».

Para el rector de la UA, Manuel Palomar, «la inclusión en la Cervantes de los fondos de la Fundación Caja Mediterráneo supone un incremento cualitativo considerable de la oferta de contenidos de la biblioteca virtual que se desarrolla en la UA». Esto, destacó, «la hace mucho más atractiva para los estudiosos e investigadores que acceden a ella desde una larga nómina de países, especialmente los iberoamericanos».

El proyecto de llevar a la BVMC el Centro de Legados se estima a medio plazo, ya que hay que adaptar los fondos al sistema digital de esta entidad y empezar a trabajar para su inclusión a través de diferentes portales específicos para cada legatario y posteriormente englobarlos en uno solo.

Son 22 legados los que la Fundación Caja Mediterráneo custodia en el centro ubicado junto a la Biblioteca Gabriel Miró. El proyecto de renovación del Centro de Legados permitirá mostrar al público parte de esos fondos en el espacio de la antigua sala de lectura de la Biblioteca Gabriel Miró.

La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se creó en el año 2000 y cuenta con el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa como presidente del patronato. Es esta entidad la que es responsable de la gestión de la BVMC, ademas de la Cátedra Vargas Llosa y también el Centro de Competencia en Digitalización Impact.

La Biblioteca Virtual de la Universidad de Alicante comenzó a funcionar en 1999 como una iniciativa conjunta con el Banco Santander y la Fundación Botín, y en 2013 consiguió el Premio Stanford para la Innovación en Bibliotecas de Investigación.

Fuente: diarioinformacion.com

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